Una de las innovaciones de la Constitución de 1991 fue la acción de tutela, porque antes de ella no había cómo garantizar el acceso a la salud y la educación, entre otros derechos
fundamentales, de manera rápida y oportuna.
Precisamente aparece la acción de tutela como garante de la vigencia del Estado Social de Derecho, como fuente de acercamiento entre el ciudadano y las instituciones, permitiéndole
de manera rápida e informal, sin la complejidad del procedimiento, salvaguardar sus derechos fundamentales cuando son amenazados o vulnerados.