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Más allá de la cancha. Tensiones y retos tributarios de los derechos de imagen en el fútbol profesional colombiano
(Universidad CES, 2025-11-18) Hernández Guerrero, Camilo Andrés; Asesor
La presente monografía jurídica analiza las tensiones jurídicas y tributarias derivadas del tratamiento de los derechos de imagen en el fútbol profesional colombiano. Estos derechos, reconocidos como una manifestación del libre desarrollo de la personalidad, han adquirido un valor económico creciente en la industria deportiva. En Colombia, sin embargo, la ausencia de una regulación tributaria específica ha generado inseguridad jurídica, especialmente por las interpretaciones divergentes entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Mientras la Corte ha considerado que los pagos por derechos de imagen, cuando provienen del club empleador, constituyen salario, el Consejo de Estado y la DIAN han entendido que, si existe autonomía contractual, deben tratarse como rentas de capital. Esta dualidad interpretativa produce incertidumbre en la aplicación del Estatuto Tributario y plantea riesgos de doble tributación para los deportistas y sus clubes. La investigación utiliza un enfoque jurídico-dogmático, con análisis normativo, jurisprudencial y comparado. Se estudian las principales sentencias nacionales, los pronunciamientos de la DIAN y los modelos de regulación de España, Argentina y Brasil. A partir de ello, se proponen lineamientos para armonizar el tratamiento fiscal de los derechos de imagen en Colombia, en coherencia con los principios de justicia tributaria y la naturaleza patrimonial del derecho.
Modelo GAP de cumplimiento LA/FT para las empresas en Colombia
(Universidad CES, 2025-11-18) Del Águila Ruiz , Karoll Michelle; Buitrago Botero , Diego Martin; Asesor
El trabajo de grado tiene como objetivo principal optimizar los procesos de cumplimiento normativo y reducir la duplicidad de riesgos en las empresas colombianas, validando la efectividad del modelo propuesto. Para ello, se busca que las entidades vigiladas identifiquen, midan, controlen y prevengan que las organizaciones sean utilizadas para actividades ilícitas, mediante la construcción de una matriz de cumplimiento unificada que facilite la detección y el reporte de operaciones sospechosas. La metodología empleada se fundamenta en un análisis riguroso de la normativa vigente emitida por los entes reguladores, complementado con procedimientos para la identificación plena de clientes, verificación de información y definición de herramientas que permitan detectar operaciones inusuales. Asimismo, se desarrolló un modelo integral basado en el Manual SIPLA LA/FT, lo que contribuyó al fortalecimiento de competencias analíticas e interpretativas en la gestión del riesgo. Como resultado, se diseñó una herramienta en formato de hoja de cálculo denominada “Modelo Unificado - Plan de Auditoría”, que funciona como un plan de auditoría y análisis de brechas, permitiendo evaluar el cumplimiento normativo y optimizar los procesos internos. En conclusión, este proyecto aporta significativamente a la formación profesional, consolidando habilidades técnicas y analíticas en la prevención del riesgo LA/FT. El público objetivo son las empresas colombianas sujetas a regulación, especialmente aquellas que buscan mejorar sus sistemas de control interno y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
THYMORA. Una herramienta para la gestión autónoma de riesgos contractuales en proyectos de desarrollo de software en Colombia
(Universidad CES, 2025-11-23) Pérez Gómez, Ana Milena; Carvajal Cardona, Ana Cristina; Giraldo Jiménez, Manuela; Asesor
La complejidad y los conflictos legales inherentes a los contratos de desarrollo de software por fases implica que la mera existencia de marcos normativos generales resulteinsuficiente para ofrecer seguridad jurídica a las partes que participan en este tipo de negocios jurídicos, al tratarse de proyectos de resultado y alto contenido técnico, lo que expone a desarrolladores y clientes a riesgos de incumplimientos, pérdidas económicas y controversias contractuales. Esto conlleva la necesidad de pasar de un enfoque reactivo en la gestión jurídica del desarrollo de software por fases a uno preventivo. Esta investigación propone un modelo de diagnóstico digital para la gestión de riesgos legales asociados a los proyectos de desarrollo de software por fases, a partir del cual se utiliza un sistema lógico de preguntas para clasificar los riesgos en las diferentes etapas del proyecto y hacer una calificación general del riesgo que tiene el proyecto de desarrollo. El objetivo es minimizar los conflictos técnicos y jurídicos, blindando el proceso de desarrollo y asegurando la efectiva transferencia de propiedad intelectual y el seguimiento de entregables. Esto permitirá aportar a la democratización del acceso al conocimiento jurídico y la entrega de recomendaciones accionables que puedan mitigar los problemas legales asociados a este tipo de negocios.
Análisis de cumplimiento de sentencia SU-508 de 2020 mediante la cual se crea jurisprudencia para el reconocimiento de servicios y procedimientos del plan de beneficios en salud
(2025-11-18) Zapata Valencia, Maria José; Asesor
A través del presente trabajo de grado, se realiza un análisis de cumplimiento acerca de la sentencia SU-508 de 2020, siendo esta una importante decisión que unificaron criterios jurisprudenciales, indicando que servicios debían reconocerse a través de acción de tutela a personas beneficiarias demostrando o no capacidad económica, teniendo en cuenta la premisa de que todo lo que no está expresamente excluido en el Plan de Beneficios, está incluido en este.
Protección de datos y riesgos en la historia clínica
(Universidad CES, 2025-11-18) Bedoya Aguilar, Lorena; Asesor
El trabajo de grado hace un estudio normativo de la ley de protección de datos en Colombia (Ley 1581 de 2012), junto con las normas de la Historia Clínica, además evalúa los posibles riesgos de la misma.
Deepfakes como herramienta de chantaje escolar en colegios colombianos. Diseño de medidas de prevención y respuesta institucional
(Universidad CES, 2025-11-14) Leiva Silva, David Mateo; David Mateo Leiva Silva; Leiva Silva, David Mateo
Este trabajo analiza el uso de Deepfakes como una forma emergente de violencia digital en entornos escolares colombianos, especialmente en grados sexto a once. Los Deepfakes, videos o imágenes hiperrealistas manipuladas mediante inteligencia artificial, se han convertido en herramientas para el chantaje, la extorsión y el ciberbullying, afectando gravemente la intimidad, la honra y la dignidad de los menores. Aunque en Colombia existen normas como la Ley 1273 de 2009 (delitos informáticos), la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales), la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia) y la Ley 1620 de 2013 (convivencia escolar), persisten vacíos normativos frente a esta problemática, pues no contemplan medidas específicas para prevenir ni protocolos claros de actuación institucional. El estudio propone un enfoque jurídico para diseñar estrategias de prevención y respuesta, incluyendo la actualización de manuales de convivencia, capacitación docente, alfabetización digital, protocolos internos y rutas claras para la denuncia y protección de las víctimas. Se revisan casos internacionales que evidencian la gravedad del fenómeno y se concluye que la protección efectiva requiere tanto reformas normativas como la implementación operativa en las instituciones educativas. El objetivo es garantizar entornos escolares seguros frente a los riesgos derivados de la manipulación audiovisual con inteligencia artificial.
Implementación de herramientas tecnológicas en la solución de controversias originadas en accidentes de tránsito sin lesionados en Colombia. A partir de la Ley 2251 de 2022 – CHOQUELAW
(Universidad CES, 2025-11-15) Guerra Guzmán , Jorge Andrés; Asesor
El presente trabajo propone el desarrollo de CHOQUELAW, una aplicación móvil diseñada para facilitar la gestión y solución de choques simples de tránsito en Colombia, en concordancia con la Ley 2251 de 2022. A través de herramientas tecnológicas como registro biométrico, recolección digital de evidencias, geolocalización y generación de actas de acuerdo de pago con mérito ejecutivo, la propuesta en fase de conceptualización busca ofrecer una alternativa segura e inclusiva para conductores asegurados y no asegurados. Esta solución integra innovación jurídica y tecnológica para modernizar el manejo de conflictos viales y mejorar el acceso a mecanismos de solución de conflictos para los actores involucrados en este tipo de eventos, tales como conductores, propietarios, aseguradoras y centros de conciliación.
Sistema indígena de salud propio e intercultural (SISPI) Conocimiento de los ciudadanos en Colombia
(2025-11-16) López Márquez , Gelen Paola; Asesor
En Colombia, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación, especialmente de los territorios indígenas. Concretamente, en el artículo 330 de la Constitución Política se establece que estarán gobernados y conformados según sus usos y costumbres (Constitución Política de Colombia, 1991), lo cual incluye la visión de salud en cada una de las comunidades.
Salud mental y derechos humanos en el sistema penitenciario colombiano. Impacto psicológico de las medidas de aseguramiento en personas privadas de la libertad
(2025-11-14) Mosquera Rojas , Melany; Asesor
El estudio aborda la relación entre justicia, dignidad humana y derechos fundamentales, con énfasis en la salud mental dentro del sistema penitenciario colombiano. Aunque la privación de la libertad busca la resocialización, las condiciones reales de los centros de reclusión en Colombia generan deterioro físico y psicológico. La Corte Constitucional ha declarado un “estado de cosas inconstitucional” en las prisiones, indicando fallas estructurales que vulneran derechos fundamentales. La salud mental es uno de los derechos más afectados: cerca del 60 % de la población privada de la libertad presenta síntomas de trastornos mentales, y un 15 % padece afecciones graves. Normas como la Ley 1616 de 2013 y la Constitución de 1991 reconocen la salud mental y la dignidad humana como derechos esenciales, plenamente vigentes incluso en prisión. Asimismo, instrumentos internacionales como las Reglas Mandela obligan a garantizar condiciones dignas y atención en salud. Entre los principales problemas se destaca el hacinamiento, que en 2025 alcanza una sobrepoblación del 27 %, generando condiciones insalubres y perjudiciales para la salud emocional. A esto se suma la insuficiencia de programas de resocialización, con escasas oportunidades educativas, laborales y de acompañamiento psicosocial. Las condiciones de aislamiento, violencia y falta de actividades también agravan o desencadenan trastornos mentales, como depresión y ansiedad, muy prevalentes según estudios del INPEC y la Defensoría del Pueblo. Estas deficiencias afectan gravemente la resocialización, aumentan la reincidencia y generan un “doble castigo”: además de perder la libertad, las personas ven vulnerado su derecho a la salud mental. Todo ello contradice los compromisos nacionales e internacionales asumidos por Colombia en materia de derechos humanos y exige transformaciones profundas en las políticas penitenciarias y de salud pública.
El relevo generacional en las empresas familiares
(Universidad Ces, 2025-10-08) Gil Oquendo, Laura Valentina; Asesor
Las empresas familiares en Colombia representan un papel fundamental en el crecimiento económico del país, ya que según un estudio realizado por BBVA las MiPymes en Colombia representan una parte importante del crecimiento económico del país, en dicho estudio, se indica que Las mipymes y las empresas familiares aportan cerca del 40% del producto interno bruto del país. Como ya se hace referencia, se puede precisar entonces que las empresas familiares, son las que generan mayor empleo en nuestro país, en este sentido, es de vital importancia tener en cuenta, que no siempre se genera empleo siguiendo los lineamientos legales, esto teniendo en cuenta que, El 15% del empleo que generan es formal y el 85% informal (lo que representa el 94% del empleo informal nacional. Las empresas familiares en Colombia son uno de pilares fundamentales del desarrollo económico y social, por lo tanto, es imprescindible analizar y entender la supervivencia empresarial y sus determinantes, con el fin de construir un ambiente favorable que incentive el fortalecimiento de las unidades productivas a través del tiempo, según un estudio presentado por Confecámaras, se pudo identificar solo el 33.5% de las empresas en Colombia sobreviven después de cinco años de operación. Es importante identificar entonces, cuáles son los principales retos por qué las empresas familiares en Colombia tienden a desaparecer con el tiempo
Clausulas de Exclusividad en Colombia
(Universidad Ces, 2025-07-17) Castrillón Arango, Abraham; Abraham Castrillón Arango
El trabajo de grado explica el significado de las clausulas de exclusividad en el ámbito laboral en el derecho Colombiano.
Tecnofeudalismo
(Universidad CES, 0014-07-20) Sosa Cuartas, Andrés; Creador
Este artículo analiza de manera breve el tecnofeudalismo como una estructura de poder, donde corporaciones dominantes utilizan la inteligencia artificial y algoritmos para ejercer control sobre el trabajo y la sociedad, ya que mediante el capitalismo de vigilancia y la precarización laboral impulsada por nuevas formas de economía este modelo erosiona la autonomía individual, modifica la conducta para maximizar la rentabilidad y limita la movilidad social, obteniendo como resultado una consolidación del poder corporativo y una agudización de la desigualdad.
Relevo generacional en las empresas familiares: Protocolos de familia
(Universidad CES, 2025-07-11) Uribe Galeano, Paula Andrea
El presente trabajo de grado aborda el reto del relevo generacional en las empresas familiares colombianas, señalando que la falta de planificación sucesoral y de un marco jurídico específico amenaza su continuidad, la generación de empleo y el aporte económico que representan. A partir de la documentación académica y comparaciones con experiencias de España y Estados Unidos, se destaca el protocolo de familia como instrumento clave que define reglas sobre administración, roles, derechos, deberes y mecanismos de resolución de conflictos. La investigación analiza cómo se aplican hoy estos protocolos en el país, identifica buenas prácticas, factores críticos de éxito y vacíos normativos, y propone lineamientos jurídicos que fortalezcan su eficacia. Dirigida a juristas, asesores empresariales y líderes de compañías familiares, se presenta en el formato de video podcast con un enfoque pedagógico y lenguaje accesible, ofreciendo recomendaciones claras que faciliten transiciones sucesorias ordenadas y garanticen la sostenibilidad de estas empresas esenciales para la economía nacional.
El Derecho a la Protesta en Colombia: Equilibrio entre la Participación Ciudadana y las Limitaciones del Derecho de Policía
(Universidad CES, 2025-06-19) Salgado Cuéllar, Mariana
Analiza de forma integral el equilibrio entre el ejercicio del derecho de reunión y protesta y las limitaciones impuestas por el derecho de policía. Se busca dilucidar cómo el marco normativo—que incluye la Constitución de 1991, la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), la Ley 1801 de 2016 y la Ley 1437 de 2011—puede ser interpretado y aplicado para garantizar la protección de los derechos ciudadanos sin menoscabar la seguridad y la convivencia en la sociedad.
Análisis aplicativo al derecho del consumidor, una mirada a las garantías legales en el sector inmobiliario para vivienda nueva
(Universidad CES, 2025-02-26) Jaramillo Gallego, Manuela; Montes Hoyos , Gilberto José; Asesor
La protección de los derechos del consumidor ha emergido como una preocupación central en la economía globalizada y dinámica que tenemos hoy en día. En Colombia, la ley 1480 de 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor (Congreso de la República de Colombia, 2011), busca establecer un marco legal que garantice los derechos de los consumidores y promueva prácticas comerciales justas. Esta Ley es de vital importancia porque busca proteger a los consumidores de abusos y fraudes en el mercado, asegurar la calidad de los bienes y servicios y facilitar mecanismos efectivos para la resolución de conflictos cuando estos se presenten. Sin embargo, a pesar de estos objetivos, la implementación efectiva de la ley enfrenta numerosos desafíos que limitan su impacto positivo. El problema radica en la brecha que existe entre la legislación y su aplicación práctica en virtud del desconocimiento que tienen las personas sobre esta. Aunque la Ley 1480 de 2011 (Congreso de la República de Colombia, 2011) proporciona un conjunto amplio de derechos y mecanismos de protección, la realidad muestra que muchos consumidores aún encuentran dificultades para ejercer estos derechos debido a la falta de información, la complejidad de los procedimientos y la insuficiencia en la vigilancia y cumplimiento por parte de las autoridades. Lo anterior en la mayoría de las ocasiones debido a la posición de inferioridad en que se encuentra el consumidor y para ello es importante educar a este mismo respecto de sus derechos y deberes que se derivan de la ley anteriormente mencionada; tal y como lo expresa José Felix Chamie en su texto “Principios, derechos y deberes en el derecho colombiano de protección al consumidor” “ las disposiciones sobre la educación de los consumidores están orientadas a favorecer la consciencia de los propios derechos; las actividades educativas no pueden limitarse a la promoción, sino que han de difundir el conocimiento de los productos y servicios, con especial consideración por los consumidores más vulnerables (…) Si se considera que la mayoría de las veces el consumidor no está en capacidad de conocer sus propios derechos, ni defenderlos, adquieren importancia las organizaciones de consumidores en las actividades de representación judicial, información, educación, asistencia, promoción, opinión respecto de los procesos de adopción de decisiones que afecten a los consumidores en materia de precios, de modalidad de comercialización de bienes y servicios, o de solución de conflictos. de ahí la importancia del derecho de asociación para los consumidores en particular” (Chamie, 2013, Pag 9) En el contexto internacional, es crucial considerar diversas regulaciones que han influido en la protección del consumidor. Un ejemplo destacado son las directrices elaboradas por las Naciones Unidas en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, 2016). Estas directrices, conocidas como los Principios Rectores de Protección del Consumidor, establecen un conjunto de principios fundamentales que deben guiar la creación y aplicación de las leyes de protección al consumidor. Los principios abarcan aspectos clave como la protección contra prácticas comerciales desleales, la garantía de información veraz y clara, y el acceso a mecanismos eficaces de resolución de disputas. Las directrices de la UNCTAD (Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, 2016) sirven como un marco orientador para los Estados miembros, ayudándolos a diseñar y aplicar políticas que promuevan una mayor protección del consumidor. Estas directrices fomentan que las empresas actúen de manera transparente y justa, y que los consumidores puedan tener acceso a bienes y servicios de calidad. Además, las directrices impulsan a los gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad a hacer parte de prácticas responsables y fortaleciendo los mecanismos de protección del consumidor tanto en el sector público como en el privado. En Europa, el Reglamento (CE) No 2006/2004 sobre la Cooperación en la Protección de los Consumidores (CPC) (Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, 2017) juega un papel fundamental ya que, busca generar colaboración entre las autoridades nacionales que protegen los derechos de los consumidores en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Este reglamento facilita la resolución de problemas que afectan a los consumidores a través de fronteras nacionales, promoviendo así una aplicación mucho más coherente y efectiva de las leyes de protección al consumidor en toda la Unión Europea. La importancia de proteger los derechos del consumidor radica en la necesidad de asegurar una relación equitativa entre consumidores y quienes ofrecen productos y servicios. La Ley 1480 de 2011 (Congreso de la República de Colombia, 2011) cumple funciones fundamentales al establecer derechos claros para los consumidores, como el derecho a la información veraz, la protección contra cláusulas abusivas y el acceso a mecanismos de resolución de conflictos. Además, la ley busca promover la confianza en el mercado, fomentar la competencia leal y asegurar que los consumidores puedan reclamar y obtener reparaciones efectivas cuando sus derechos son vulnerados. El propósito de este trabajo es analizar las garantías legales en el sector inmobiliario en vivienda nueva ya que, es un sector al que acceden muchas personas para adquirir un lugar digno donde vivir, adicionalmente, este trabajo podrá brindar a a la comunidad una guía básica para poder darle un aplicativo a la normativa, generando de esta manera conciencia en los consumidores a la hora de hacer valer los derechos que tiene sobre los inmuebles en figura de vivienda adquirida, adicionalmente, poder contar con conocimiento sobre la información y buen estado de los bienes recibidos y como poder hacer valer este tipo de derechos cuando estas situaciones sean contrarias. Al abordar estos aspectos, el trabajo busca contribuir a una mayor justicia en el mercado y asegurar que los derechos de los consumidores sean efectivamente salvaguardados.
Barreras y facilitadores en el campo laboral de la población LGBTIQ
(Universidsd CES, 2025-03-02) Durango Londoño, María del Mar; Asesor
El acceso y la permanencia a un empleo digno y formal constituye, conforme a la Constitución Política de 1991 y a las tratados internacionales en la materia, derechos fundamentales tendientes a proteger y garantizar la realización plena de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, en el contexto de la población LGBTIQ+ en Colombia, existen numerosas barreras estructurales que limitan el ejercicio efectivo de estos derechos. A pesar de los avances legales a nivel nacional e internacional, tales como los principios de Yogyakarta (2007), y la múltiple jurisprudencia que se ha desarrollado en torno a este tema que establecen la no discriminación en el empleo con base en la orientación sexual y la identidad de género, esta población enfrenta altos índices de exclusión laboral (Corte Constitucional, Sentencia T-068/21, T-236-23). Estas barreras laborales no solo vulneran sus derechos laborales, sino también su acceso a la seguridad social, la vivienda, y otros derechos fundamentales, lo que perpetúa ciclos de exclusión, discriminación, vulnerabilidad social y estabilidad económica.
Vulneración de los derechos fundamentales hacia la comunidad LGBTIQ+ en los centros penitenciarios y/o carcelarios de Colombia.
(Universidad CES, 2025-02-28) Correa Agudelo, Mariana; Asesor
El propósito de este trabajo es determinar la afectación del sistema penitenciario colombiano respecto a la vulneración de los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ+ privadas de libertad. A través de la identificación de los derechos afectados y el análisis de la situación carcelaria en comparación con otros países, se busca contribuir a la formulación de propuestas que mejoren las condiciones de vida y el respeto de los derechos humanos en los centros penitenciarios, promoviendo un entorno más justo y equitativo para todos los reclusos.
Protección de la propiedad intelectual: Retos normativos y buenas prácticas en la negociación contractual
(Universidad CES, 2025-02-28) Bedoya Zabala, María José
Este trabajo tiene como finalidad analizar y proponer soluciones para los desafíos que presenta la propiedad intelectual en el contexto nacional e internacional, con un enfoque particular en la identificación de las mejores prácticas para la negociación y redacción de cláusulas de PI en contratos. A través de este trabajo, se busca no solo reducir la incertidumbre jurídica y promover una protección más efectiva de los derechos de PI, sino también facilitar la adaptación a los cambios tecnológicos y comerciales que continúan redefiniendo el panorama global en esta materia.
Análisis aplicativo al derecho del consumidor, una mirada a las garantías legales en el sector inmobiliario para vivienda nueva
(Universidad CES, 2025-02-26) Jaramillo Gallego, Manuela; Montes Hoyos , Gilberto José; Asesor
La protección de los derechos del consumidor ha emergido como una preocupación central en la economía globalizada y dinámica que tenemos hoy en día. En Colombia, la ley 1480 de 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor (Congreso de la República de Colombia, 2011), busca establecer un marco legal que garantice los derechos de los consumidores y promueva prácticas comerciales justas. Esta Ley es de vital importancia porque busca proteger a los consumidores de abusos y fraudes en el mercado, asegurar la calidad de los bienes y servicios y facilitar mecanismos efectivos para la resolución de conflictos cuando estos se presenten. Sin embargo, a pesar de estos objetivos, la implementación efectiva de la ley enfrenta numerosos desafíos que limitan su impacto positivo. El problema radica en la brecha que existe entre la legislación y su aplicación práctica en virtud del desconocimiento que tienen las personas sobre esta. Aunque la Ley 1480 de 2011 (Congreso de la República de Colombia, 2011) proporciona un conjunto amplio de derechos y mecanismos de protección, la realidad muestra que muchos consumidores aún encuentran dificultades para ejercer estos derechos debido a la falta de información, la complejidad de los procedimientos y la insuficiencia en la vigilancia y cumplimiento por parte de las autoridades. Lo anterior en la mayoría de las ocasiones debido a la posición de inferioridad en que se encuentra el consumidor y para ello es importante educar a este mismo respecto de sus derechos y deberes que se derivan de la ley anteriormente mencionada; tal y como lo expresa José Felix Chamie en su texto “Principios, derechos y deberes en el derecho colombiano de protección al consumidor” “ las disposiciones sobre la educación de los consumidores están orientadas a favorecer la consciencia de los propios derechos; las actividades educativas no pueden limitarse a la promoción, sino que han de difundir el conocimiento de los productos y servicios, con especial consideración por los consumidores más vulnerables (…) Si se considera que la mayoría de las veces el consumidor no está en capacidad de conocer sus propios derechos, ni defenderlos, adquieren importancia las organizaciones de consumidores en las actividades de representación judicial, información, educación, asistencia, promoción, opinión respecto de los procesos de adopción de decisiones que afecten a los consumidores en materia de precios, de modalidad de comercialización de bienes y servicios, o de solución de conflictos. de ahí la importancia del derecho de asociación para los consumidores en particular” (Chamie, 2013, Pag 9) En el contexto internacional, es crucial considerar diversas regulaciones que han influido en la protección del consumidor. Un ejemplo destacado son las directrices elaboradas por las Naciones Unidas en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, 2016). Estas directrices, conocidas como los Principios Rectores de Protección del Consumidor, establecen un conjunto de principios fundamentales que deben guiar la creación y aplicación de las leyes de protección al consumidor. Los principios abarcan aspectos clave como la protección contra prácticas comerciales desleales, la garantía de información veraz y clara, y el acceso a mecanismos eficaces de resolución de disputas. El propósito de este trabajo es analizar las garantías legales en el sector inmobiliario en vivienda nueva ya que, es un sector al que acceden muchas personas para adquirir un lugar digno donde vivir, adicionalmente, este trabajo podrá brindar a a la comunidad una guía básica para poder darle un aplicativo a la normativa, generando de esta manera conciencia en los consumidores a la hora de hacer valer los derechos que tiene sobre los inmuebles en figura de vivienda adquirida, adicionalmente, poder contar con conocimiento sobre la información y buen estado de los bienes recibidos y como poder hacer valer este tipo de derechos cuando estas situaciones sean contrarias. Al abordar estos aspectos, el trabajo busca contribuir a una mayor justicia en el mercado y asegurar que los derechos de los consumidores sean efectivamente salvaguardados.
¿Qué protege realmente la reforma pensional del 2024 en Colombia, el aspecto social o la sostenibilidad financiera?
(Universidad CES, 2025-02-13) Ruiz Alzate, Mariana; Asesor
El sistema pensional colombiano enfrenta desafíos cruciales en el siglo XXI. El envejecimiento poblacional, la informalidad laboral y la sostenibilidad financiera a largo plazo son factores que presionan la viabilidad del sistema actual, establecido por la Ley 100 de 1993. En este contexto, la reforma pensional del 2024, plasmada en la ley 2381 del 2024, se presenta como una respuesta a estos desafíos, buscando garantizar la protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común. Sin embargo, la reforma ha generado un intenso debate en la sociedad colombiana, particularmente en torno a la pregunta: ¿Qué protege realmente la reforma pensional del 2024 en Colombia, el aspecto social o la sostenibilidad financiera? Este interrogante surge a raíz de las diferentes interpretaciones sobre el balance entre la ampliación de la cobertura y el aseguramiento de la solidez financiera del sistema a largo plazo. La reforma propone un sistema de tres pilares: Solidario, Semicontributivo, Contributivo compuesto por Prima Media y Ahorro Individual y Ahorro Voluntario. Si bien se reconoce la importancia de la inclusión social y la protección a la población vulnerable a través del Pilar Solidario y el enfoque semicontributivo, algunos sectores cuestionan si las medidas propuestas para el Pilar Contributivo, especialmente la redistribución de cotizaciones y la creación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, realmente garantizan la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo, o si, por el contrario, podrían generar desequilibrios en el futuro

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