Derecho
Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/10946/169
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Item El relevo generacional en las empresas familiares(Universidad Ces, 2025-10-08) Gil Oquendo, Laura Valentina; AsesorLas empresas familiares en Colombia representan un papel fundamental en el crecimiento económico del país, ya que según un estudio realizado por BBVA las MiPymes en Colombia representan una parte importante del crecimiento económico del país, en dicho estudio, se indica que Las mipymes y las empresas familiares aportan cerca del 40% del producto interno bruto del país. Como ya se hace referencia, se puede precisar entonces que las empresas familiares, son las que generan mayor empleo en nuestro país, en este sentido, es de vital importancia tener en cuenta, que no siempre se genera empleo siguiendo los lineamientos legales, esto teniendo en cuenta que, El 15% del empleo que generan es formal y el 85% informal (lo que representa el 94% del empleo informal nacional. Las empresas familiares en Colombia son uno de pilares fundamentales del desarrollo económico y social, por lo tanto, es imprescindible analizar y entender la supervivencia empresarial y sus determinantes, con el fin de construir un ambiente favorable que incentive el fortalecimiento de las unidades productivas a través del tiempo, según un estudio presentado por Confecámaras, se pudo identificar solo el 33.5% de las empresas en Colombia sobreviven después de cinco años de operación. Es importante identificar entonces, cuáles son los principales retos por qué las empresas familiares en Colombia tienden a desaparecer con el tiempoItem Clausulas de Exclusividad en Colombia(Universidad Ces, 2025-07-17) Castrillón Arango, Abraham; Abraham Castrillón ArangoEl trabajo de grado explica el significado de las clausulas de exclusividad en el ámbito laboral en el derecho Colombiano.Item Tecnofeudalismo(Universidad CES, 0014-07-20) Sosa Cuartas, Andrés; CreadorEste artículo analiza de manera breve el tecnofeudalismo como una estructura de poder, donde corporaciones dominantes utilizan la inteligencia artificial y algoritmos para ejercer control sobre el trabajo y la sociedad, ya que mediante el capitalismo de vigilancia y la precarización laboral impulsada por nuevas formas de economía este modelo erosiona la autonomía individual, modifica la conducta para maximizar la rentabilidad y limita la movilidad social, obteniendo como resultado una consolidación del poder corporativo y una agudización de la desigualdad.Item Relevo generacional en las empresas familiares: Protocolos de familia(Universidad CES, 2025-07-11) Uribe Galeano, Paula AndreaEl presente trabajo de grado aborda el reto del relevo generacional en las empresas familiares colombianas, señalando que la falta de planificación sucesoral y de un marco jurídico específico amenaza su continuidad, la generación de empleo y el aporte económico que representan. A partir de la documentación académica y comparaciones con experiencias de España y Estados Unidos, se destaca el protocolo de familia como instrumento clave que define reglas sobre administración, roles, derechos, deberes y mecanismos de resolución de conflictos. La investigación analiza cómo se aplican hoy estos protocolos en el país, identifica buenas prácticas, factores críticos de éxito y vacíos normativos, y propone lineamientos jurídicos que fortalezcan su eficacia. Dirigida a juristas, asesores empresariales y líderes de compañías familiares, se presenta en el formato de video podcast con un enfoque pedagógico y lenguaje accesible, ofreciendo recomendaciones claras que faciliten transiciones sucesorias ordenadas y garanticen la sostenibilidad de estas empresas esenciales para la economía nacional.Item El Derecho a la Protesta en Colombia: Equilibrio entre la Participación Ciudadana y las Limitaciones del Derecho de Policía(Universidad CES, 2025-06-19) Salgado Cuéllar, MarianaAnaliza de forma integral el equilibrio entre el ejercicio del derecho de reunión y protesta y las limitaciones impuestas por el derecho de policía. Se busca dilucidar cómo el marco normativo—que incluye la Constitución de 1991, la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), la Ley 1801 de 2016 y la Ley 1437 de 2011—puede ser interpretado y aplicado para garantizar la protección de los derechos ciudadanos sin menoscabar la seguridad y la convivencia en la sociedad.Item Análisis aplicativo al derecho del consumidor, una mirada a las garantías legales en el sector inmobiliario para vivienda nueva(Universidad CES, 2025-02-26) Jaramillo Gallego, Manuela; Montes Hoyos , Gilberto José; AsesorLa protección de los derechos del consumidor ha emergido como una preocupación central en la economía globalizada y dinámica que tenemos hoy en día. En Colombia, la ley 1480 de 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor (Congreso de la República de Colombia, 2011), busca establecer un marco legal que garantice los derechos de los consumidores y promueva prácticas comerciales justas. Esta Ley es de vital importancia porque busca proteger a los consumidores de abusos y fraudes en el mercado, asegurar la calidad de los bienes y servicios y facilitar mecanismos efectivos para la resolución de conflictos cuando estos se presenten. Sin embargo, a pesar de estos objetivos, la implementación efectiva de la ley enfrenta numerosos desafíos que limitan su impacto positivo. El problema radica en la brecha que existe entre la legislación y su aplicación práctica en virtud del desconocimiento que tienen las personas sobre esta. Aunque la Ley 1480 de 2011 (Congreso de la República de Colombia, 2011) proporciona un conjunto amplio de derechos y mecanismos de protección, la realidad muestra que muchos consumidores aún encuentran dificultades para ejercer estos derechos debido a la falta de información, la complejidad de los procedimientos y la insuficiencia en la vigilancia y cumplimiento por parte de las autoridades. Lo anterior en la mayoría de las ocasiones debido a la posición de inferioridad en que se encuentra el consumidor y para ello es importante educar a este mismo respecto de sus derechos y deberes que se derivan de la ley anteriormente mencionada; tal y como lo expresa José Felix Chamie en su texto “Principios, derechos y deberes en el derecho colombiano de protección al consumidor” “ las disposiciones sobre la educación de los consumidores están orientadas a favorecer la consciencia de los propios derechos; las actividades educativas no pueden limitarse a la promoción, sino que han de difundir el conocimiento de los productos y servicios, con especial consideración por los consumidores más vulnerables (…) Si se considera que la mayoría de las veces el consumidor no está en capacidad de conocer sus propios derechos, ni defenderlos, adquieren importancia las organizaciones de consumidores en las actividades de representación judicial, información, educación, asistencia, promoción, opinión respecto de los procesos de adopción de decisiones que afecten a los consumidores en materia de precios, de modalidad de comercialización de bienes y servicios, o de solución de conflictos. de ahí la importancia del derecho de asociación para los consumidores en particular” (Chamie, 2013, Pag 9) En el contexto internacional, es crucial considerar diversas regulaciones que han influido en la protección del consumidor. Un ejemplo destacado son las directrices elaboradas por las Naciones Unidas en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, 2016). Estas directrices, conocidas como los Principios Rectores de Protección del Consumidor, establecen un conjunto de principios fundamentales que deben guiar la creación y aplicación de las leyes de protección al consumidor. Los principios abarcan aspectos clave como la protección contra prácticas comerciales desleales, la garantía de información veraz y clara, y el acceso a mecanismos eficaces de resolución de disputas. Las directrices de la UNCTAD (Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, 2016) sirven como un marco orientador para los Estados miembros, ayudándolos a diseñar y aplicar políticas que promuevan una mayor protección del consumidor. Estas directrices fomentan que las empresas actúen de manera transparente y justa, y que los consumidores puedan tener acceso a bienes y servicios de calidad. Además, las directrices impulsan a los gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad a hacer parte de prácticas responsables y fortaleciendo los mecanismos de protección del consumidor tanto en el sector público como en el privado. En Europa, el Reglamento (CE) No 2006/2004 sobre la Cooperación en la Protección de los Consumidores (CPC) (Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, 2017) juega un papel fundamental ya que, busca generar colaboración entre las autoridades nacionales que protegen los derechos de los consumidores en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Este reglamento facilita la resolución de problemas que afectan a los consumidores a través de fronteras nacionales, promoviendo así una aplicación mucho más coherente y efectiva de las leyes de protección al consumidor en toda la Unión Europea. La importancia de proteger los derechos del consumidor radica en la necesidad de asegurar una relación equitativa entre consumidores y quienes ofrecen productos y servicios. La Ley 1480 de 2011 (Congreso de la República de Colombia, 2011) cumple funciones fundamentales al establecer derechos claros para los consumidores, como el derecho a la información veraz, la protección contra cláusulas abusivas y el acceso a mecanismos de resolución de conflictos. Además, la ley busca promover la confianza en el mercado, fomentar la competencia leal y asegurar que los consumidores puedan reclamar y obtener reparaciones efectivas cuando sus derechos son vulnerados. El propósito de este trabajo es analizar las garantías legales en el sector inmobiliario en vivienda nueva ya que, es un sector al que acceden muchas personas para adquirir un lugar digno donde vivir, adicionalmente, este trabajo podrá brindar a a la comunidad una guía básica para poder darle un aplicativo a la normativa, generando de esta manera conciencia en los consumidores a la hora de hacer valer los derechos que tiene sobre los inmuebles en figura de vivienda adquirida, adicionalmente, poder contar con conocimiento sobre la información y buen estado de los bienes recibidos y como poder hacer valer este tipo de derechos cuando estas situaciones sean contrarias. Al abordar estos aspectos, el trabajo busca contribuir a una mayor justicia en el mercado y asegurar que los derechos de los consumidores sean efectivamente salvaguardados.Item Barreras y facilitadores en el campo laboral de la población LGBTIQ(Universidsd CES, 2025-03-02) Durango Londoño, María del Mar; AsesorEl acceso y la permanencia a un empleo digno y formal constituye, conforme a la Constitución Política de 1991 y a las tratados internacionales en la materia, derechos fundamentales tendientes a proteger y garantizar la realización plena de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, en el contexto de la población LGBTIQ+ en Colombia, existen numerosas barreras estructurales que limitan el ejercicio efectivo de estos derechos. A pesar de los avances legales a nivel nacional e internacional, tales como los principios de Yogyakarta (2007), y la múltiple jurisprudencia que se ha desarrollado en torno a este tema que establecen la no discriminación en el empleo con base en la orientación sexual y la identidad de género, esta población enfrenta altos índices de exclusión laboral (Corte Constitucional, Sentencia T-068/21, T-236-23). Estas barreras laborales no solo vulneran sus derechos laborales, sino también su acceso a la seguridad social, la vivienda, y otros derechos fundamentales, lo que perpetúa ciclos de exclusión, discriminación, vulnerabilidad social y estabilidad económica.Item Vulneración de los derechos fundamentales hacia la comunidad LGBTIQ+ en los centros penitenciarios y/o carcelarios de Colombia.(Universidad CES, 2025-02-28) Correa Agudelo, Mariana; AsesorEl propósito de este trabajo es determinar la afectación del sistema penitenciario colombiano respecto a la vulneración de los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ+ privadas de libertad. A través de la identificación de los derechos afectados y el análisis de la situación carcelaria en comparación con otros países, se busca contribuir a la formulación de propuestas que mejoren las condiciones de vida y el respeto de los derechos humanos en los centros penitenciarios, promoviendo un entorno más justo y equitativo para todos los reclusos.Item Protección de la propiedad intelectual: Retos normativos y buenas prácticas en la negociación contractual(Universidad CES, 2025-02-28) Bedoya Zabala, María JoséEste trabajo tiene como finalidad analizar y proponer soluciones para los desafíos que presenta la propiedad intelectual en el contexto nacional e internacional, con un enfoque particular en la identificación de las mejores prácticas para la negociación y redacción de cláusulas de PI en contratos. A través de este trabajo, se busca no solo reducir la incertidumbre jurídica y promover una protección más efectiva de los derechos de PI, sino también facilitar la adaptación a los cambios tecnológicos y comerciales que continúan redefiniendo el panorama global en esta materia.Item Análisis aplicativo al derecho del consumidor, una mirada a las garantías legales en el sector inmobiliario para vivienda nueva(Universidad CES, 2025-02-26) Jaramillo Gallego, Manuela; Montes Hoyos , Gilberto José; AsesorLa protección de los derechos del consumidor ha emergido como una preocupación central en la economía globalizada y dinámica que tenemos hoy en día. En Colombia, la ley 1480 de 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor (Congreso de la República de Colombia, 2011), busca establecer un marco legal que garantice los derechos de los consumidores y promueva prácticas comerciales justas. Esta Ley es de vital importancia porque busca proteger a los consumidores de abusos y fraudes en el mercado, asegurar la calidad de los bienes y servicios y facilitar mecanismos efectivos para la resolución de conflictos cuando estos se presenten. Sin embargo, a pesar de estos objetivos, la implementación efectiva de la ley enfrenta numerosos desafíos que limitan su impacto positivo. El problema radica en la brecha que existe entre la legislación y su aplicación práctica en virtud del desconocimiento que tienen las personas sobre esta. Aunque la Ley 1480 de 2011 (Congreso de la República de Colombia, 2011) proporciona un conjunto amplio de derechos y mecanismos de protección, la realidad muestra que muchos consumidores aún encuentran dificultades para ejercer estos derechos debido a la falta de información, la complejidad de los procedimientos y la insuficiencia en la vigilancia y cumplimiento por parte de las autoridades. Lo anterior en la mayoría de las ocasiones debido a la posición de inferioridad en que se encuentra el consumidor y para ello es importante educar a este mismo respecto de sus derechos y deberes que se derivan de la ley anteriormente mencionada; tal y como lo expresa José Felix Chamie en su texto “Principios, derechos y deberes en el derecho colombiano de protección al consumidor” “ las disposiciones sobre la educación de los consumidores están orientadas a favorecer la consciencia de los propios derechos; las actividades educativas no pueden limitarse a la promoción, sino que han de difundir el conocimiento de los productos y servicios, con especial consideración por los consumidores más vulnerables (…) Si se considera que la mayoría de las veces el consumidor no está en capacidad de conocer sus propios derechos, ni defenderlos, adquieren importancia las organizaciones de consumidores en las actividades de representación judicial, información, educación, asistencia, promoción, opinión respecto de los procesos de adopción de decisiones que afecten a los consumidores en materia de precios, de modalidad de comercialización de bienes y servicios, o de solución de conflictos. de ahí la importancia del derecho de asociación para los consumidores en particular” (Chamie, 2013, Pag 9) En el contexto internacional, es crucial considerar diversas regulaciones que han influido en la protección del consumidor. Un ejemplo destacado son las directrices elaboradas por las Naciones Unidas en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, 2016). Estas directrices, conocidas como los Principios Rectores de Protección del Consumidor, establecen un conjunto de principios fundamentales que deben guiar la creación y aplicación de las leyes de protección al consumidor. Los principios abarcan aspectos clave como la protección contra prácticas comerciales desleales, la garantía de información veraz y clara, y el acceso a mecanismos eficaces de resolución de disputas. El propósito de este trabajo es analizar las garantías legales en el sector inmobiliario en vivienda nueva ya que, es un sector al que acceden muchas personas para adquirir un lugar digno donde vivir, adicionalmente, este trabajo podrá brindar a a la comunidad una guía básica para poder darle un aplicativo a la normativa, generando de esta manera conciencia en los consumidores a la hora de hacer valer los derechos que tiene sobre los inmuebles en figura de vivienda adquirida, adicionalmente, poder contar con conocimiento sobre la información y buen estado de los bienes recibidos y como poder hacer valer este tipo de derechos cuando estas situaciones sean contrarias. Al abordar estos aspectos, el trabajo busca contribuir a una mayor justicia en el mercado y asegurar que los derechos de los consumidores sean efectivamente salvaguardados.Item ¿Qué protege realmente la reforma pensional del 2024 en Colombia, el aspecto social o la sostenibilidad financiera?(Universidad CES, 2025-02-13) Ruiz Alzate, Mariana; AsesorEl sistema pensional colombiano enfrenta desafíos cruciales en el siglo XXI. El envejecimiento poblacional, la informalidad laboral y la sostenibilidad financiera a largo plazo son factores que presionan la viabilidad del sistema actual, establecido por la Ley 100 de 1993. En este contexto, la reforma pensional del 2024, plasmada en la ley 2381 del 2024, se presenta como una respuesta a estos desafíos, buscando garantizar la protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común. Sin embargo, la reforma ha generado un intenso debate en la sociedad colombiana, particularmente en torno a la pregunta: ¿Qué protege realmente la reforma pensional del 2024 en Colombia, el aspecto social o la sostenibilidad financiera? Este interrogante surge a raíz de las diferentes interpretaciones sobre el balance entre la ampliación de la cobertura y el aseguramiento de la solidez financiera del sistema a largo plazo. La reforma propone un sistema de tres pilares: Solidario, Semicontributivo, Contributivo compuesto por Prima Media y Ahorro Individual y Ahorro Voluntario. Si bien se reconoce la importancia de la inclusión social y la protección a la población vulnerable a través del Pilar Solidario y el enfoque semicontributivo, algunos sectores cuestionan si las medidas propuestas para el Pilar Contributivo, especialmente la redistribución de cotizaciones y la creación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, realmente garantizan la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo, o si, por el contrario, podrían generar desequilibrios en el futuroItem Guía sobre propiedad intelectual y Marketing digital: derechos y responsabilidades de los Emprendedores en la era digital(Universidad CES, 2024-12-03) Garzón Cardona, Sofia; AsesorLa propiedad intelectual en los emprendedores es un elemento fundamental que en diversas ocasiones es pasado por alto, por esto el trabajo de grado en cuestión es importante, ya que Colombia es un país donde los emprendedores son vistos como grandes motores de crecimiento para la economía, además, con la nueva era de las redes sociales es importante su regulación y es fundamental garantizar que ellos tengan garantías para proteger sus innovaciones. Es esencial llevar a cabo esta investigación para tener un marco teórico más claro y a su vez mas practico, esto para facilitar el manejo efectivo de las complejidades del sistema de propiedad intelectual.Item Análisis de las demandas médicas oftalmológicas con peritajes de el CENDES entre 2019 y 2024(2024-11-22) Herrera Chalarca, Tatiana; AsesorAntecedentes: La responsabilidad civil médica es un ámbito del Derecho que ha ganado creciente relevancia en la práctica jurídica contemporánea. El aumento de demandas contra profesionales de la salud refleja tanto los riesgos inherentes al ejercicio médico como las expectativas cada vez más elevadas de los pacientes. Objetivo: Caracterizar epidemiológicamente los dictámenes periciales emitidos por el CENDES en casos donde la especialidad demandada o el área de conocimiento involucrada sea la Oftalmología. Este análisis busca identificar patrones de atención que puedan estar asociados con un mayor riesgo jurídico para los médicos y las instituciones, tanto públicas como privadas, implicadas.Item Cartilla descriptiva para la Protección de la Salud Mental de las mujeres privadas de la libertad: Un Enfoque para Guardianes y Funcionarios Penitenciarios.(Universidad CES, 2024-11-19) Rodríguez Gil, Laura; AsesorSe propone la creación de una cartilla didactica dirigida a los funcionarios penitenciarios con un enfoque específico de género que promueva la protección de los derechos fundamentales, en especial el derecho a la salud mental de las mujeres internas conforme a leyes nacionales y estándares internacionales. La cartilla abordará las deficiencias actuales en la atención en salud mental, ofreciendo a los funcionarios un recurso claro y especializado que permita la protección efectiva de los derechos fundamentales de las internas, en consonancia con los estándares internacionales y las disposiciones constitucionales.Item La responsabilidad del Estado por los daños causados por minas antipersonal a la población civil en Colombia: análisis de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 7 de marzo de 2018 a la luz de la Convención de Ottawa(2024-11-19) Hidalgo Betancur, Carlos Alberto; AsesorEste trabajo de grado analiza la responsabilidad del Estado colombiano por los daños causados a la población civil por minas antipersonal, contrastando el marco jurídico interno con las obligaciones internacionales derivadas de la Convención de Ottawa. A través del estudio de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 7 de marzo de 2018, se examina la compatibilidad de las decisiones judiciales nacionales con los compromisos asumidos por Colombia en materia de desminado, prevención y reparación de víctimas, subrayando la importancia de cumplir con las obligaciones internacionales para evitar condenas internacionales y garantizar la protección efectiva de la población civil.Item Inconstitucionalidad del tipo penal de la falsa autoacusación, artículo 437 del Código Penal(2024-11-08) Duque Roldán, NikolasLa prohibición de una conducta debe obedecer a parámetros constitucionales los cuales permiten limitar el poder de sanción. Sin embargo, el aumento desmedido de estas ha llevado a la creación de delitos que no cumplen con los fines y principios constitucionales del derecho penal, contrariando así nuestra Constitución Política sin demostrar disminución de la criminalidad. De acuerdo a los numerales 2 y 3 del artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 se señalará a priori uno de los cargos presentes en la justificación de la inconstitucionalidad del tipo penal de la falsa autoacusación y la razón de este. Norma Constitucional Violentada: Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia por medio del cual se desprende el principio de proporcionalidad (Relatoría Corte Constitucional, 1996) en materia penal. Justificación: El derecho penal debe estar alineado con el principio de mínima intervención y de fragmentariedad los cuales, a su turno y desde la necesidad de la norma de conducta, buscan que estas reduzcan el ámbito de lo prohibido si se determina que para la protección del bien jurídico basta con optar por otro tipo de tipificación que cumple mucho mejor los criterios doctrinales, jurisprudenciales y constitucionales al respecto “por delitos de lesión en lugar de delitos de peligro, y entre estos últimos, de peligro concreto en lugar de abstracto, por formas de comisión activas y no omisivas, por tipos dolosos en lugar de imprudentes, etc., o si es posible definir con mayor precisión las conductas objeto de prohibición penal” (Lopera Mesa, 2005). Con base en lo anterior, es fácil identificar dos conductas que cumplen con mayor precisión la tipificación de la conducta de falsamente autoacusarme, así verbigracia, el artículo 442 de la ley 599 del 2000 consagra “El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión” y más adelante el artículo 453 de la misma norma expone “El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión”, y si se quiere, desde la teoría de la tipicidad un precepto con similares características, el artículo 435 de la nombrada ley postula “El que bajo juramento denuncie ante la autoridad una conducta típica que no se ha cometido, incurrirá en prisión” ((República, 2000). De tal suerte que el tipo penal de la falsa autoacusación y las pretensiones que detenta proteger esta acción prohibida sobre el bien jurídico para la eficaz y recta impartición de justicia se encuentra con tipos penales mucho más eficientes al momento de la descripción típica y del cumplimiento del principio de taxatividad, legalidad y proporcionalidad adoptados por nuestro ordenamiento jurídico (Corte Constitucional, 2022).Item Contrato de gestación subrogada: Consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento.(Universidad CES, 2024-11-15) Londoño Arcila, María Paula; AsesorLa situación ambivalente de la gestación subrogada en Colombia, es decir, al no encontrarse expresamente prohibida pero tampoco permitida, y el insuficiente insumo y ahondamiento del tema observado en los escenarios judiciales, genera una inseguridad jurídica y un evidente vacío legal en cuanto a la visible necesidad de regulación por el aumento de los casos en el país, es por ello que, atendiendo al aumento ya mencionado, resulta menester entender el panorama de la misma, por tal motivo, se realiza un acercamiento a esta desde los parámetros legales existentes con una perspectiva del derecho privado, iniciando con la figura jurídica del contrato, la cual rige la relación entre las partes que, de mutuo acuerdo, acuden a esta técnica de reproducción humana asistida, los elementos que contiene el contrato para surgir a la vida jurídica y posibilitando la generación de los efectos jurídicos deseados, y de la misma forma, las posibles consecuencias en el ámbito legal que se pueden derivar del incumplimiento del mismo, al igual que las herramientas disponibles para afrontar este hecho.Item Habeas corpus correctivo en situaciones de violaciones masivas de derechos humanos en Colombia, España y Estados Unidos.(Universidad CES, 2024-11-14) Velez Baena, Maria Jose; AsesorEl artículo sostiene que el habeas corpus correctivo representa una herramienta legal con un gran potencial para abordar las violaciones de derechos humanos que surgen del hacinamiento carcelario y propone que un análisis comparativo con el uso de esta herramienta en países como España y Estados Unidos puede ofrecer valiosas lecciones y recomendaciones para mejorar su aplicación en Colombia. El objetivo final es mejorar las condiciones de vida de los reclusos y garantizar la protección de sus derechos fundamentales, examinar el funcionamiento del habeas corpus correctivo en contextos de violaciones masivas de derechos humanos dentro de las cárceles y cómo este mecanismo puede proteger los derechos de las personas privadas de libertad y mejorar sus condiciones de vida en prisión. Además, se investiga el concepto de libertad personal en relación con el habeas corpus correctivo, evaluando cómo su aplicación impacta la protección de los derechos fundamentales de los reclusos. En cuanto a la metodología utilizada, el proyecto emplea una investigación cualitativa para explorar en profundidad las realidades carcelarias y el funcionamiento del habeas corpus correctivo. Se realiza un análisis documental detallado de la legislación, la jurisprudencia y los casos judiciales relevantes, incluyendo sentencias y documentos clave como la T 388/2013, la T 767/2015, el Auto 121/2018, la T 122/2022 y la T 153/1998 en Colombia, datos del Ministerio de interior de España, Ley Orgánica General Penitenciaria de España, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y la Octava enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Además, se lleva a cabo un estudio comparativo para examinar la aplicación del habeas corpus correctivo en España y Estados Unidos, con el objetivo de identificar lecciones y buenas prácticas que podrían ser útiles para mejorar el sistema colombiano. Esta metodología integral permite una comprensión profunda de la problemática del hacinamiento carcelario y las violaciones de derechos humanos, así como la formulación de recomendaciones efectivas para abordar estos desafíos.Item Caso Tamboralia y otros Vs el estado de Paitití(2017) Castillo Piedrahíta, EmmanuelPaitití es un Estado ubicado en América, organizado en un gobierno presidencialista, cuenta con una separación de poderes dividido en diferentes ramas y órganos de control como la rama ejecutiva, legislativa y judicial, así mismo un ministerio público. Tal nación es considerada como uno de los que tiene mayor diversidad biológica, cultural y étnica. En este se pueden hallar comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que ocupan gran parte del territorio nacional; y han hecho parte de la historia paititiana. En las últimas décadas, el Estado se ha visto envuelto en un conflicto armado interno entre grupos insurgentes, grupos paramilitares y ejército nacional. Estos enfrentamientos han generado un desplazamiento de gran parte de la población rural. Ante ésta situación el congreso de la república expidió un marco jurídico para la atención y reparación de las víctimas del conflicto; donde se informó que el 50% de las tierras despojadas estaban siendo concesionadas a la explotación de minerales.Item Control Político: Implementación en las concesiones de cuarta generación(2015-06-09) Marzola Loaiza, María CatalinaLos contratos de concesión de obras públicas en Colombia empiezan a cobrar importancia y a marcar un hito histórico en la participación de empresas privadas en la construcción de obras estatales, como quiera que en presencia de las concesiones de cuarta generación el sector privado deba asumir un papel preponderante en materia financiera y de riesgos. Colombia, considerado Estado en vía de desarrollo, debe ser competitivo y atractivo para el mercado internacional, por lo tanto requiere ejecutar obras de infraestructura física que representen valor en procura de mejorar su economía y contribuya al desarrollo. Este artículo pretende, mostrando la historia y el desarrollo de las concesiones de obra pública en Colombia, generar conciencia y mostrar el camino para que a través del ejercicio del control político, se implementen acciones que permitan asegurar el óptimo cumplimiento de los fines estatales y la ejecución transparente de los contratos en cuestión