Resumen

La migración internacional es uno de los problemas más importantes del mundo hoy. El desplazamiento de personas vulnerables en busca de un mejor futuro impone retos a los países de acogida, los cuales deben justificar la manera de responder ante ellas. En la última década Colombia enfrenta la mayor ola de inmigrantes en su historia, provenientes de Venezuela. En 2021 el gobierno colombiano expidió el Decreto 216 creando el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, el cual consta de una serie de beneficios que van desde la regularización hasta el acceso a servicios sociales. Entre los principios de la bioética el de justicia es el que más se ha aplicado al abordar los problemas sociales que incluyen personas vulnerables; sin embargo, tanto el objeto como el alcance de dicho principio ha tenido distintas versiones. En el presente artículo se revisan estas teorías intentando construir un marco de referencia a partir del cual juzgar la respuesta colombiana. Luego, se intentan aplicar los criterios de las diferentes teorías de la justicia al Estatuto, resaltando la compatibilidad de la teoría de justicia social cosmopolita, pero señalando a su vez sus limitaciones, ya que basa sus argumentos en un patrón de migración SurNorte, y no Sur-Sur como es caso Venezuela-Colombia, por lo cual parece insuficiente como valor de obligación perfecta. Finalmente, se esboza la necesidad de discutir nuevos valores que permitan fundamentar una exigencia de acogida, y no de rechazo, a los migrantes.