Abstract

Como es bien sabido, la Constitución Política de Colombia les brinda a todas las personas unos denominados derechos fundamentales, los cuales deben ser respetados y garantizados en su totalidad. Dentro de estos derechos fundamentales encontramos el artículo 29, el cual propende por el respeto al debido proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales. Este amparo fundamental busca la protección de las decisiones que se tomen en el curso de un proceso, las cuales deben estar conformes con las normas preexistentes y observando las reglas propias de cada juicio, sin perder de vista que no puede incurrirse en dilaciones injustificadas en las actuaciones que corresponden a los jueces como autoridad pública, y el derecho a que no se incurra en omisiones. El derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas, es un derecho fundamental que tienen todas las personas, tanto en actuaciones administrativas, como en el curso de un proceso judicial, motivo por el cual en caso de presentarse demoras o dilaciones sin justificación alguna, debe haber una protección efectiva, bien sea a través de los mecanismos para protección a los derechos fundamentales o proyectos legislativos que instituyan métodos para que estas situaciones no se presenten