Abstract

Para el Estado Colombiano, ratificar el Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en el año 2011, ha traído consigo el planteamiento de una concepción diferente respecto a la situación de este grupo poblacional desde la perspectiva del campo normativo, ya que esta directiva convencional conlleva la implementación de nuevos conceptos en el ámbito jurídico colombiano, sin desconocer que su principal finalidad se orienta a la promoción y protección de los derechos de las personas en situación de discapacidad. A la luz de esta Convención el Congreso de la República expidió la ley 1996 de 2019, la cual consagra el reconocimiento del derecho al ejercicio de la capacidad legal que tienen las personas con discapacidad, al tiempo que establece los mecanismos para hacerlo efectivo; es por esto que, este artículo pretende abordar el mecanismo del proceso judicial de adjudicación de apoyos, como una herramienta que busca garantizar el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad, acudiendo para ello a un análisis hermenéutico de dichas disposiciones y de las situaciones sociales de esta población, para determinar cuáles son las complejidades y retos al momento de su aplicación, tanto para los operadores jurídicos como para los usuarios que accedan a la justica en busca de esta protección.