Abstract

Con la expedición del Decreto 2616 de 2013, el Estado colombiano buscó garantizar la ampliación progresiva de la cobertura en la seguridad social y de los servicios que de la misma se desprenden a los trabajadores dependientes que laboran por períodos inferiores a un mes, además de impulsar la formalización laboral, permitiendo a los trabajadores que cumplen los requisitos establecidos en esta normatividad, permanecer en el régimen subsidiado en salud; a pesar de las bondades de la norma, esta puede dar lugar a una serie de implicaciones jurídicas, sobre todo, frente al mínimo vital, cuando se presentan incapacidades de origen común o licencias de paternidad y maternidad, ya que estos trabajadores no podrían percibir las prestaciones económicas que se derivan de las mismas. Desde esta óptica, se estructura el presente artículo bajo un enfoque cualitativo, un método histórico-hermenéutico, basado en una revisión documental, cuyo propósito es develar las implicaciones jurídicas por la presunta afectación al mínimo vital de los trabajadores, así como también por el riesgo legal para los empleadores frente a los cambios jurisprudenciales que de la interpretación de esta norma se suscita en los estrados judiciales