Abstract

La acción de incumplimiento del Tribunal de Justicia de la CAN, es un mecanismo de defensa que poseen tanto la Secretaría General de la CAN, los Estados miembros de la CAN, e incluso cualquier persona natural o jurídica, en virtud del cual pueden denunciar el incumplimiento de la normativa andina por parte de cualquier Estado miembro. Sin embargo el Tribunal de la CAN se pronuncia sólo frente al incumplimiento, en el mismo proceso no determina el daño causado al particular ni cuantifica el valor del perjuicio. La sentencia comunitaria se erige entonces únicamente como un medio de prueba en el proceso nacional, lo que hace cuestionar si este mecanismo es eficaz para proteger el derecho de defensa y si satisface o no los presupuestos de la tutela judicial efectiva frente a la declaración de incumplimiento, y la indemnización de perjuicios