Abstract

Partiendo del supuesto de que la estructura del poder público adoptada por Colombia se rige por la división de poderes y que acorde a los preceptos constitucionales se determinan las facultades de cada una de las ramas del poder público, se debe tener en cuenta que el cumplimiento de las facultades ordinarias se hace mucho más exigible para el Gobierno cuanto la misma constitución le permite en casos de crisis el uso de unas facultades excepcionales para contrarrestar una crisis. Surge así, la necesidad de establecer si fueron superables o no con facultades ordinarias las crisis que promovieron los estados de excepción en el período comprendido entre el 2002 y el 2010 correspondiente al gobierno de Álvaro Uribe Vélez o si dentro del mismo estado de excepción se agotó una facultad ordinaria, Para lo cual se hace inicialmente un análisis tanto de las facultades ordinarias como las extraordinarias otorgadas constitucionalmente al Gobierno de Colombia y posteriormente para lograr el objetivo de constatar si los estados de excepción declarados en un periodo determinado agotaron o no las facultades ordinarias antes de la declaratoria de los mismos.