Resumen

La evolución de las sociedades ha determinado que los Estados, sobre todo aquellos que se precian de autoproclamarse como sociales de derecho, establezcan en sus agendas y frentes de acción una prioridad alta en el tema de la salud pública. La búsqueda constante por mejorar el nivel de vida de los nacionales de cada país va de la mano con la atención a las necesidades que en este aspecto tengan los individuos, las familias y las diferentes localidades y entes territoriales. Incluye también la formación de los profesionales que atienden esta necesidad pública y regula la prestación de los servicios de salud, en una filosofía de dar más y mejor atención a los ciudadanos. Este escenario lleno de justicia y equidad no siempre y por desgracia es alcanzado en el tiempo y cobertura necesaria en un país como el nuestro que a diario ve como crece el porcentaje de población marginal (a causa del aumento en el desempleo, la guerra interna y el desplazamiento forzado). No obstante, el Gobierno Nacional estipula y perfecciona el marco legal para la prestación de los servicios de salud con lo que busca de alguna manera atenuar el impacto de las situaciones y elementos que van en contra de las garantías del ser humano. Este esfuerzo no está libre de yerros y falencias, el camino a recorrer es largo si se quiere alcanzar ese nivel de atención y satisfacción en la población colombiana, pero también es necesario reflexionar si los asuntos que dan origen y sustento al marco legal de la salud en nuestro país es más un tema para abogados que para profesionales en la salud. Si estos últimos tienen, desde su formación, la suficiente instrucción para aplicar el sentido y el espíritu de la norma o si por el contrario la falta de capacitación y estudio de la Ley los convierte en sujetos pasivos, obedientes a ciegas y sin criterio de base de la misma. En el presente escrito se busca llamar la atención sobre la necesidad urgente que tienen los profesionales en las distintas ramas de la salud de recibir información y capacitación suficiente sobre el contexto jurídico (leyes y decretos) que incide en su labor social. Son las universidades nuevamente las invitadas a participar de manera activa en esta propuesta mediante mecanismos que le den un verdadero sentido social y humanitario a la salud en Colombia.