Abstract

El Estado colombiano ha direccionado una política criminal en relación con los adolescentes, por medio de la señalización de sus conductas, partiendo con ello, desde una visión de culpabilidad, lo que significa que considera a los menores de 18 años y mayores de 14 responsables de sus actos, conforme al principio de culpabilidad, son entonces imputables con conciencia de la ilicitud y exigibilidad. El estudio de la responsabilidad penal del adolescente debe realizarse de la mano de la teoría y La función del Estado; así, en un Estado Social y Democrático de Derecho, la exigencia de ciertas conductas (deberes) a los adolescentes debe estar precedida del cumplimiento de los derechos, la protección y formación que la Constitución Política le brinda a este grupo poblacional bajo la disposición del artículo 45, inciso 1 de la Carta Política que reza: “El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.”