Abstract

Las cambiantes dinámicas sociales, impulsadas por la continua innovación tecnológica generan en la normativa penal novedosos interrogantes que requieren ser analizados de cara a la protección de los bienes jurídicos existentes para la correcta determinación de aquellos supuestos de hecho que deben hacer parte del control social desarrollado por el aparato sancionador estatal, teniendo presente los derechos fundamentales como límite irrebasable de toda actuación y ejercicio del ius puniendi, así como su fundamentación democrática. El libre acceso y la cantidad de información almacenada en estas establecen entornos de ilimitadas posibilidades. Este aspecto llama a la reflexión en un contexto donde las conductas delictivas evolucionan de la mano de la sociedad y los actos terroristas encuentran terreno propicio en espacios virtuales escasamente regulados. Con el propósito de determinar si la legislación penal se encuentra en capacidad de responder de manera eficaz a las crecientes manifestaciones del terrorismo digital. Se discuten el marco legal, los desafíos jurídicos, el concepto emergente del ciberterrorismo y las necesidades de implementación sustancial.